Sobre la coladera y el rol público de las universidades

Ministra de Educación, Adriana Delpiano. Fotografía de Agencia UNO.

Hace algunos días, la polémica suscitada por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, referente a la supuesta coladera de la Universidad Autónoma, prendió las alarmas en no pocos sectores, principalmente, por una reforma que muestra aguas inclusive para el acceso al supuesto beneficio.

Es, en ese sentido, que cabe preguntarse ¿cómo es qué se puede “colar” una institución en la “gratuidad” y bajo qué criterios es que se produce esto? Ciertamente el asunto no deja indiferente.

Ya es sabido por todos que la “gratuidad” en los márgenes en cómo se ha estado estructurando no da abasto. Principalmente, porque deja a no pocos estudiantes con un medio de acceso que está lejos de cumplir los requerimientos que hemos estado demandado en las calles. La concepción hoy más de beca que de derecho se articula como un sustento no menor para el sistema educativo que hoy nos rige.

Es, en la misma línea, que los cuestionamientos de amplios sectores están más presentes que nunca. Descontando las réplicas obvias de la derecha, desde los sectores críticos del movimiento estudiantil debemos hacernos la pregunta sobre el acceso de distintos proyectos educativos y cómo la gratuidad entregada en los márgenes actuales cubre a proyectos altamente cuestionados por los mismos estudiantes.

Para empezar dicho cuestionamiento, creo que es imprescindible que como estudiantes podamos sin miedo empezar a discutir, de una vez por todas, los alcances que esta reforma educacional tendrá para nuestros proyectos educativos. Si bien llevamos años pensando sobre derechos, muy poco hemos hablado sobre a quiénes y cómo se otorgarán dichos derechos.

No es desconocido que el tema de la reforma ha estado en boga no sólo por los estudiantes, sino que también, por el mismo Consejo de Rectores. Dentro de sus filas, la convivencia entre universidades del Estado y privadas tradicionales se encuentran en un peligroso equilibrio, en donde en más de una oportunidad el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, ha llamado a la reforma “estatista” donde, según él, ésta vendría a beneficiar a las universidades agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) por sobre las del G9 e, inclusive, a las privadas no tradicionales.

Entrar a debatir sobre si la reforma es de carácter estatista me parece una pérdida de esfuerzos, principalmente, porque las “pataletas” de los rectores del G9 sobre los pocos alcances en materia de financiamiento estatal son algo que, a mi entender, no debieran preocupar, y esto porque, si analizamos parte de cuáles son nuestras apuestas en materia estratégica, los alcances en términos educativos han estado fuertemente supeditados a un rol público.

Sin querer alejarme del motivo central de este escrito, la “coladera” de la que habla la ministra es justamente parte de los temas que hoy en día debemos empezar a cuestionarnos como estudiantes: ¿hasta qué punto una reforma educacional propiciada por el Estado debe financiar proyector particulares? Creo una cuestión fundamental en ese sentido empezar a debatir, de una vez por todas, el sentido de lo público. Sobre eso, es que se han perdido gran parte de las discusiones en el entendimiento debido a que, posiblemente, las causas estriben en una necesidad imperiosa de no dividir aguas entendiendo que gran parte se perdería si es que ponemos el acento de una vez en los proyectos realmente públicos.

Hoy, con tan manoseado concepto, creo no equivocarme al sostener que no existe ningún proyecto eminentemente público. Aseverar, como lo hacen algunos compañeros, que lo público es Conditio sine qua non del Estado es soslayar el carácter de rehén que tiene este ante los grupos empresariales y su componente histórico, por lo que no toda universidad estatal es eminentemente pública.

Sobre el rol de lo público más a fondo creo que es materia de otro escrito, sin embargo, sí me parece importante señalar que hoy, en un nuevo rol debemos propender a establecer nuevos criterios que se conecten con las reales necesidades de Chile y su pueblo, cuyo conocimiento se inserte firmemente en su desarrollo y no sea mero soporte de intereses privados. ¿Es posible financiar proyectos que se demuestran a todas luces ir en contra de los justos requerimientos que hemos hecho en las calles?

Sin duda, esta faceta abre un nuevo flanco de cuestionamientos que está lejos de acabar. No creo tener todas las respuestas, pese a ello, me parece importante hacer notar que, a mi juicio, entender un nuevo carácter de lo público debe hacernos pensar en el control real de nuestras casas de estudio, cuestión erradicada (obligatoriamente) de la actual reforma educacional y, sobre lo mismo, entender que el cuestionamiento de esta “coladera” de la Universidad Autónoma nos debe hacer pensar en cómo proyectos que a todas luces no son públicos, eventualmente, pueden ser (y serán) financiados, lamentablemente, con recursos estatales.

Es en esta línea que debemos también hacer patente la realidad en la que nos encontramos, de proyectos educacionales que no dan el ancho, y esto, no es por las razones que arguye la ministra sobre puntajes para entrar a estudiar allí, sino una cosa más importante, el por qué estudiantes se ven obligados a entrar a proyectos como estos y las universidades supuestamente públicas no son el principal recurso que tienen para su formación.

Ahí creo que está el meollo del asunto, no en que se coló tal o cuál universidad o si los estudiantes de esta casa de estudio están “facultados” para acceder a la gratuidad, porque por condición socioeconómica nos basta, sino porque no estamos propugnando un rol en particular a las universidades del estado y, en ese sentido, no estamos siendo alternativa para todos ellos.

Las razones abundan, y son de una disparidad de clase brutal. Pese a ello, una reforma que se precie de tal debe hacer valer una condición social en todas sus dimensiones, siendo parte del quehacer de no pocos estudiantes.

Así en síntesis, la “coladera” de la Universidad Autónoma preocupa, y preocupa porque es parte de un proyecto privado que será beneficiado con recursos públicos, una práctica que debe ser de una vez erradicada de nuestra realidad. Pese a ello, eso no significa dejar a los estudiantes sin financiamiento. Sobre esto, es que debemos propender a absorber dicha matricula y llevarla hacia proyectos realmente públicos, mirando el acceso como una cuestión de igual manera fundamental en nuestras casas de estudios.

Que una universidad sea realmente pública no depende de cuánta investigación se haga ni cuántos estudiantes precarizados entren, sino si esa investigación y su matrícula aporta socialmente al pueblo de Chile y no a unas cuantas voluntades corporativas. Sólo entendiendo este tipo de cosas, es que de una vez por todas podremos avanzar un poco más a una educación gratuita para todos y no se nos seguirán colando proyectos como aquellos.

Columna de opinión escrita por Javier Fernández, vicepresidente del Centro de Estudiantes de Periodismo 2016.


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