La querella de Sobarzo que mantiene a presidenta de Asociación de Profesionales de la Usach al borde del presidio

Betsy Saavedra

Una protesta realizada el 1 de septiembre del 2015 en el frontis de la Biblioteca Central de la Universidad de Santiago de Chile, tiene a la presidenta de la Asociación de Profesionales (ADP) de esta institución con una querella criminal en su contra.

Sin embargo, para la demandante, la directora del Sistema de Bibliotecas de la Usach, Ximena Sobarzo, la manifestación no es el problema. Más bien, fueron las palabras usadas por la dirigente de la ADP, Betsy Saavedra, en aquella ocasión las que motivaron a Sobarzo interponer esta querella contra la mujer que ─aseguró─ nunca ha visto, salvo el día de la protesta.

“En esta biblioteca trabaja una dictadora que abusa del personal, que los descalifica, los amenaza. Queremos decirle aquí, compañeros, a Ximena Sobarzo, que los funcionarios no le tememos, y que no descansaremos hasta verla afuera. ¡Fuera Ximena Sobarzo!”, fue el discurso de Saavedra en la oportunidad, y registrado en un video publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile.

En conversación con La Coyuntura, la presidenta de la ADP aseguró que tiene argumentos de sobra para fundamentar sus dichos. Entre ellos, una serie de abusos e irregularidades realizados por Sobarzo desde que asumió la dirección, en 2009. Además, suma antecedentes de hostigamiento, acoso laboral y desvinculaciones infundadas ─que datan desde el 2010─ a los funcionarios que trabajaron con ella. Incluye testimonios reservados de quienes han sido víctimas de los actos demandados por Saavedra.

“Recibimos una denuncia de un funcionario que debió transportar libros con ácaros en una bodega insalubre durante varias veces”, es parte de uno de los testimonios que la presidenta de la ADP conoce y que son de carácter reservado.

La única vez que ambas han dialogado fue en 2014, cuando la dirigente sostuvo una conversación telefónica con Sobarzo pidiendo explicaciones por la desvinculación de un funcionario, a quien le habrían vulnerado sus derechos. La directora del Sistema de Bibliotecas, indicó a La Coyuntura que dicho despido fue porque el trabajador no se ajustaba con el perfil laboral, y desmintió las acusaciones de Saavedra con el envío de documentos que verificaban la evaluación del funcionario cuestionado.

Se suman reuniones con el rector de la Universidad, Juan Manuel Zolezzi. Allí, Betsy Saavedra le informó a la autoridad las irregularidades demandadas, con el fin de obtener respuesta ante el comportamiento de Sobarzo.

Sin embargo, Saavedra indicó que no hubo interés en dar solución, por lo que presentaron una denuncia el 1 de junio del 2015 a la Contraloría General de la República, para investigar maltrato laboral e irregularidades en la gestión administrativa de Ximena Sobarzo.

El órgano contralor estableció irregularidades administrativas en el funcionamiento y gestión directiva del Sistema de Bibliotecas, pero Sobarzo aseguró que el 80% de éstas corresponden a un orden netamente administrativo y no a su gestión, mientras que el 20% confirmarían las demandas de Saavedra con respecto al abuso.

La funcionaria involucrada desmintió todas las acusaciones en su contra. “Qué les he hecho, si yo trabajo, llego súper temprano, no me meto con nadie, soy súper respetuosa. Genero todos los canales para que esto ocurra, la sana convivencia y el respeto. Es algo que he propiciado desde el día uno en que llegué a la Universidad”, se defendió Sobarzo.

Protesta y recurso de protección

En el marco de la movilización estudiantil del año pasado, y en compañía de estudiantes y funcionarios de la Universidad, Betsy Saavedra marchó el 1 de septiembre hasta el frontis de la Biblioteca Central para protestar contra la administración de la directora bibliotecaria.

Bastó que Sobarzo escuchara su nombre en la manifestación para interponer, dos meses más tarde, un recurso de protección contra la Asociación de Profesionales y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile por difundir un video en Facebook, donde quedó registrado el discurso de Saavedra.

“La intención era que la directora desistiera de su conducta, pero fue peor”, aseguró la dirigente, quien agregó que Sobarzo tuvo reuniones a gritos con una bibliotecaria para solicitar una carta con firmas de respaldo. Por su parte, la administradora indicó: “Los funcionarios hicieron una carta apoyándome repudiando el hecho. Ahí nace el recurso de protección, porque del momento en que alguien te injuria y publicita, está delante de un delito”, se defendió.

Ximena Sobarzo aseveró que tras esta situación le detectaron una enfermedad laboral que, a su juicio, fue provocada por hostigamiento, y culpabiliza a Saavedra de ello. Para la demandante, este hecho y más la protesta, explican por qué interpuso el recurso de protección.

Ximena Sobarzo

Esto fue aceptado por la Corte de Apelaciones, por lo que los funcionarios de la ADP apelaron en la Corte Suprema. Pero este organismo lo rechazó en marzo del 2016, sentenciando que “prevalece el derecho a manifestarse que el derecho a la honra”, contrario a lo dictaminado por la Corte de Apelaciones, que dictó ─en simples palabras─ “prevalece el derecho a la honra por sobre el derecho a manifestarse”.

Para Saavedra fue un triunfo de la libertad de expresión. Para Sobarzo esto es un empate.

La querella que recién comienza

Una querella criminal se suma a este episodio, ahora contra la presidenta de la ADP, Betsy Saavedra, y dos ex funcionarios, Carlos Barrenechea y Margot Beltrán. La dirigente ─quien aseguró que los funcionarios no pronunciaron palabra en la protesta─ cree que se trata de una represalia contra ellos, quienes mantuvieron “una actitud crítica por su comportamiento” administrativo en años anteriores.

Esta querella criminal estipula presidio menor en su grado medio, es decir, una pena que va desde los 541 días a tres años y un día de condena, en caso de fallar a favor de la directora.

Sobarzo presentó esta querella contra los funcionarios, argumentando que Barrenechea era un mal funcionario, mientras que Beltrán protagonizó años atrás una protesta con garabatos en las afueras de su oficina, detalló. En tanto, culpabiliza a Saavedra por publicar su nombre, apellido, y “por decir cosas que no son ciertas”.

La presidenta de la ADP sostuvo que ya cuentan con abogados y testigos. Entre ellos, al decano de la Facultad de Ciencias, doctor Rafael Labarca, quien está apoyando a los demandados tras confirmarles las irregularidades de Sobarzo.

El juicio inició este 30 de marzo pero fue suspendido inmediatamente, luego que asistieran a un Tribunal de Garantía cuando debió realizarse ─desde un comienzo─ en un Tribunal Oral. El magistrado anuló el proceso hasta mayo, por lo que ambas partes volverán a presentar pruebas para continuar con la querella criminal en su fase inicial.

“Quiero demostrar que ellos están equivocados. Esto traspasó las fronteras de mi familia y mi salud, y la Universidad no se iba a hacer cargo. Por eso presenté la querella”, se defendió Ximena Sobarzo, la demandante.

Mientras, Betsy Saavedra espera que la querella termine dando favor a los funcionarios, quienes han actuado de buena fe sin afán de injuriar, señaló la profesional demandada.

“Queremos hacer una crítica a su gestión directiva que consideramos nefasta por el hecho de menoscabar a las personas y atropellar su dignidad”, finalizó.

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