¿Ley “Marco” 2.0? La búsqueda de consolidación de la universidad empresa en Chile

Fotografía de Facebook/Feusach.

Fotografía de Facebook/Feusach.

Sobre el proyecto de ley de universidades estatales de la Nueva Mayoría

Dentro de lo prometido por la Nueva Mayoría, supuestamente como una coalición que vendría a instalar reformas progresistas y con una perspectiva de ampliación de derechos sociales dentro del neoliberalismo, estaba la Reforma Educacional.

En el gobierno de Piñera fruto de las diversas movilizaciones, la ex Concertación reformada en Nueva Mayoría fue creando todo un relato político además de propuestas de reformas con el fin de acaparar electoralmente el descontento surgido contra diversas aristas del modelo educacional, prometiendo una nueva gobernabilidad con modificaciones al neoliberalismo, ganando así en las elecciones Michelle Bachelet en un segundo periodo (2014-2018).

Dentro de las reformas emblemáticas propuestas por esta coalición, junto a la tributaria y la laboral, se encontraba la Reforma Educacional. La “Reforma Educacional” se convirtió en una gran apuesta política del gobierno, donde principalmente se proponían transformar tres aspectos de la educación chilena que hace años venían en cuestionamiento: los aspectos laborales del profesorado (“reforma docente”), el financiamiento y administración de la educación básica y  media (proyecto de desmunicipalización y fin al copago) y la Reforma a la educación superior. Todos los proyectos se plantearían como modificaciones neoliberales, en cuanto a su contenido y trasfondo.

Respecto a Reforma a la Educación Superior

En relacion al proyecto de Reforma a la educación superior, esta se proponía tres aspectos principales: crear institucionalidad “fiscalizadora” y entregar un marco regulatorio al lucrativo -y valga de redundancia- y desregulado mercado de instituciones privadas de educación superior —universidades, IP, CFT— en los cuales se involucra gran parte de los partidos del duopolio, reformar el sistema de financiamiento a todo el sistema además de institucionalizar la promesa presidencial de “gratuidad” (como beca, no como derecho) y finalmente, modificar la institucionalidad que regula a las universidades estatales, la cual se origina en dictadura (reformas de 1981).

La Nueva Mayoría, a causa de los diversos conflictos de intereses por los alcances de esta reforma, problemas políticos internos, y con el objetivo puesto de que la Reforma Educacional se apruebe en la pre-campaña de su candidato principal, Alejandro Guillier, divide el proyecto en sus tres partes principales: primero, la referida al marco regulatorio y creación de institucionalidad fiscalizadora para el conjunto del sistema y las instituciones privadas de educación superior, la segunda, en torno financiamiento y el tercero, respecto a la institucionalidad de las universidades estatales.

Antecedentes respecto a las universidades estatales

Principalmente el sistema público y “estatal” universitario en Chile, está constituido por las instituciones subdividas forzosamente por la Dictadura Militar, formado desde las sedes regionales de la  Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado en 1981, las dos universidades estatales nacionales que existían.

Es así, como surge un variopinto grupo de universidades compuesto por 18 instituciones, que constituyen el sistema “estatal” y público, el cual siguió siendo financiando desde el Estado, con el llamado Aporte Fiscal Directo (AFD). Este financiamiento desde 1981 constantemente ha ido a la baja, forzando a las instituciones a buscar formas de cubrir este, mediante cobro de aranceles, búsqueda de patrocinio privado, externalización de áreas, entre otros. A inicios de la segunda década de los 2000’, el AFD en cada universidad del sistema, oscilaba entre un 5% a un 25%, siendo algunas instituciones regionales las menos financiadas.     

Por otra parte, estas instituciones, tuvieron experiencias de democracia interna en su funcionamiento, a causa del proceso de la Reforma Universitaria entre 1967 a 1973, que fue truncado brutalmente por la Dictadura a punta de represión y asesinato, e instalando militares en los gobiernos universitarios, los llamados “rectores designados”.

Las universidades se intervienen y se anulan política e intelectualmente. Con esto, se instala el decreto ley que norma el gobierno universitario, el DFL 2. Este proceso, dejó huellas ineludibles en la memoria institucional y en los actores involucrados (funcionarios, trabajadores, estudiantes y académicos).

Ya en el primer gobierno de la “transición”, el gobierno de Aylwin en 1994 modifica el DFL 2, principalmente en relacion a la forma de elección de rector, permitiendo que las más altas jerarquías académicas pudiesen elegirlos. En 1997 la Concertación, propone la llamada “Ley Marco”, buscando reformar el sistema. Finalmente fruto de negociaciones y la férrea oposición del movimiento estudiantil de la época, este proyecto quedará congelado en el Congreso.

En la primera década de los dos mil, las comunidades universitarias mediante acuerdos y movilizaciones buscarán transformar sus estatutos internos, teniendo distintos grados de avances según institución. Por ejemplo la Universidad de Chile formará el Senado Universitario (cambiando el DFL 153), la Universidad de Santiago (ex sede Santiago de la Universidad Técnica del Estado) realizará un plebiscito interno para entregar un proyecto de estatutos al congreso, o los procesos en la Universidad de Valparaíso, UPLA, U. Arturo Prat, entre otros.  

Por otro lado, desde las movilizaciones de la Ley Marco en 1997, se venía cuestionando el cada vez menor aporte del Estado a sus universidades además de las alzas de aranceles constante. Esto llevó a primero, planteamientos respecto al arancel diferenciado, y posteriormente a la educación gratuita, demanda que se hace masiva el 2011.

En tanto, bajo el alero de gobiernos de la Concertación, se abrieron una multitud de instituciones privadas, tanto de CFT como IP además de universidades, lo que fue reduciendo el sistema estatal y público en cuanto a presencia. El prestigio, la historia y su tradición las mantuvieron con importancia dentro del sistema. Con datos del año 2016, de un sistema de 1.152.125 estudiantes, 167.578 pertenecen a las universidades estatales.

¿Por qué el proyecto de Ley es una profundización del neoliberalismo?

El proyecto de ues estatales presentado por la Nueva Mayoría, viene supuestamente con el interés de “recuperar” a las ues estatales, y recuperar que el Estado tenga una “visión clara y sistemática” de estas instituciones, las cuales habían sido abandonadas.

El proyecto en sí plantea aspectos muy claros de profundización neoliberal incluso mayor a la institucionalidad dictatorial planteada en 1981 y reformada en 1994. Primero y el de mayor relevancia, el fin del estatus de funcionarios públicos de los trabajadores de las universidades estatales, además de no poner límite en cuanto a la composición de contrata, anulando por ley la proporción entre planta y a contrata o honorarios.

En segundo lugar, muchos procesos internos quedarán fuera de la supervigilancia de la Contraloría General de la República. En tercer lugar, la desregulación de los contratos y actos dentro las instituciones del estado. Esto se presta para la formación de más empresas asociadas dentro de cada institución y la consagración de la externalización de servicios y por ende de la precarización laboral.

Por otra parte, se institucionalizan definitivamente las juntas directivas existentes, ahora con la figura de “Consejo Superior”, que hasta la fecha solo han sido organismos de penetración e influencia empresarial o de cuoteos partidarios o de compadrazgo dentro de las universidades estatales. En torno a esto, ahora tendrán la influencia directa bajo personajes nombrados por el presidente de la república.

Balance

En líneas generales, este proyecto de ley, como la totalidad de las reformas de la Nueva Mayoría, es neoliberalismo que se viste mediáticamente de “progresismo” cuando finalmente no es más que una continuidad y profundización de las lógicas de mercado. La lógica de autofinanciamiento sigue, y de hecho el proyecto no establece ningún criterio serio y sistemático de financiamiento por parte del Estado.

Por otra parte, establece normas comunes de gobernanza, atentando contra la autonomía universitaria y todas las discusiones y procesos internos dados en la primera década de los dos mil para democratizar a las universidades y sacar sus estatutos de dictadura.

Recién a raíz de este proyecto han existido niveles de articulación estamental con niveles de propuesta a nivel nacional. Uno de ellos fue el Encuentro Nacional de funcionarios, estudiantes y académicos de universidades estatales, realizado este jueves 3 de agosto recién pasado. Las comunidades han expresado su rechazo al proyecto de ley como fue presentado. Solo queda nuestra articulación y organización para enfrentar este proyecto.


Artículo escrito por Javier Duharte S., Secretario General Feusach 2016-2017, militante Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR).