Royalty minero: la realidad del gravamen

Tiene su génesis en el año 1973 cuando Chile venía saliendo de una crisis económica aguda; con la industria casi totalmente paralizada, la única posibilidad era cambiar el esquema del modelo económico. Cambiando así a Chile de un país mono productor a uno exportador, por tanto la solución era darle amplias facilidades a las empresas mineras para que explotan el cobre.Se le dieron franquicias de explotación de un 15% en un comienzo.

Corresponde al derecho que cobra el Estado al concesionario que explota riquezas naturales, en el caso de Chile esto es aplicable al cobre ya que es un recurso no renovable. Fue instaurado el 2005 por el ex presidente Ricardo Lagos, estableciendo así una tasa de hasta un 5% del margen operacional para las compañías mineras privadas.Con el terremoto del 2010, el tributo se modificó y quedó en una tasa variable, que podía fluctuar entre el 5% y 14%, agregando además la invariabilidad tributaria hasta el 2023.

La meta no cumplida

El objetivo que se tenía inicialmente era instalar un fondo dedicado exclusivamente para poder liderar la innovación y el desarrollo tecnológico. Situación que hasta el día de hoy no se ha visto cumplida por medio de las recaudaciones obtenidas. Según datos del Banco Mundial, Chile es el país sudamericano que menos invierte en esta materia, quedando por debajo de Brasil con 1,15% y Argentina con un 0,74% , asignado solo un 0,36 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Según Jeamy Azúa, encargada financiera del Conicyt, el dinero que se recibe actualmente es prácticamente el 0% ,debido a que existen ciertas trabas. El capital recaudado por el impuesto minero se va a un fondo común en el Ministerio de Hacienda, desde allí se distribuye hacia el Ministerio de Economía; y este por medio del FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad) va distribuyendo el dinero para las instituciones relacionadas con la ciencia y tecnología, funcionando como el principal instrumento que financia la investigación y el emprendimiento.

Por otro lado, cuando el ex Presidente Lagos firmó el llamado Royalty II, aseguró que este tendría una condición especial: “Que estos recursos no se gasten en los gastos ordinarios propios de un país, porque los gastos ordinarios propios de un país se tienen que financiar con impuestos normales”. Este no podría ser cumplido, ya que la legislación chilena no permite que un arancel pueda ser destinado a un uso específico, lo que desde sus inicios imposibilitó el financiamiento de proyectos de exploración por parte de este tributo.

Se esperaba que las rentas recibidas hubieran sido utilizadas para paliar los daños que han sufrido las ciudades donde se encuentran las mineras; dado que estas tienen la obligación de dejar el terreno utilizado tal y como estaba inicialmente una vez que el trabajo en este se acabe; situación que no siempre sucede por lo que se pretendía destinar este dinero para aplacar: la contaminación, el problema con las aguas y otros desperfectos de carácter medioambiental que puedan afectar a las comunidades aledañas a las empresas.

Sin embargo la situación es adversa ya que las ganancias no se quedan en el lugar desde donde se obtienen. Gran parte de los recursos recibidos van a parar a las regiones más grandes del país como: la Metropolitana, Biobío y Valparaíso. Concentrando cerca del 60 % de las ingresos provenientes del Fondo de Innovación para la Competitividad.

Grandes contradicciones

Desde los inicios ha sido duramente criticado por diversas razones como: disminuir la competitividad y el objetivo que no se vería cumplido por parte de Estado. Entre otras adversidades a las que se ha tenido que enfrentar el Royalty está también la comparación con otros países latinoamericanos y del resto del mundo en relación a la proporción que se exige a las industrias mineras.

Respecto a la competitividad Joaquín Villamarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, ha manifestado en reiteradas ocasiones que este tributo le fue quitando ciertas destrezas a este rubro ya que con esto se ocasionó la pérdida del atractivo del sector. A esto se suman diversos cambios que han ido experimentando dentro de la misma industria a lo largo de los años; el argumento fuerte que se tiene es la comparación de los Royalties en el resto de los países del mundo; por ejemplo Brasil, donde el tasa es solo de un 4% pero en la realidad aumenta a un 36,7%.

Por su parte Luis Rafael Zúñiga, experto en materia tributaria, señala que la situación en Chile es sumamente favorable para estas entidades en consecuencia con lo que ellas tributan. Esto se debe a que en otros países como: Argentina, Perú y Bolivia además de cobrarles la contribución, lo someten a otra serie de impuestos que hacen que las empresas deban pagar más. Por otro lado una gran mayoría de los miembros del Consejo Minero tienen capitales en estas naciones donde los gravámenes son altos, por lo que sus quejas se contradicen en relación a la situación chilena.

En el año 2010 el Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo Alternativo (CENDA) lanzó la investigación de “Tributación y ganancias de la industria minera en Chile: 2005­-2009”, en dicho análisis se evidenció que CODELCO obtenía más utilidades, en comparación con empresas privadas, por las toneladas de cobre producido. Esta situación dio paso a una serie de cuestionamientos hacia lo que realmente estaban declarando las grandes empresas mineras, la veracidad de los balances resultaron polémicos y con poca credibilidad.

En relación a este documento Manuel Riesco, economista y fundador del CENDA, expresa en su página que producir cobre en la nación es prácticamente gratis. Tomando como referencia el recuento de CODELCO, a esos niveles de precios, los excedentes por tonelada de cobre producido por los privados estarían superando el 90% del precio del cobre. La información disponible sobre los cómputos de las grandes mineras privadas en concordancia con lo que deben pagar.

El año pasado se dieron a conocer casos de corrupción y malversación de fondos relacionados con el mundo político, en los que también fueron implicados algunos parlamentarios. Un ejemplo de esta situación corresponde al Caso Soquimich, en donde se vio envuelto Fulvio Rossi, Senador del Partido Socialista, quien pidió plata con el fin de financiar a 32 candidatos de su partido durante el año 2012. También se vio envuelto fue en las millonarias donaciones que recibió su Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, por parte de la misma entidad. Las cifras alcanzaron los 701 millones de pesos en los proyectos.

El Centro de Investigación Periodística (CIPER) dio a conocer el “Acta de Sesión extraordinaria de Directorio Minera Los Pelambres” del 2013. El documento explica cómo se llamó a una reunión para informar que se financiarían campañas electorales de candidatos y partidos políticos, de acuerdo a la ley vigente de Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral. El escrito corresponde a la prueba del nexo existente entre el mundo privado y los políticos, pese a que no se entregan nombres precisos en la publicación.

Grandes cambios

Se han tratado de implementar modificaciones en relación al Royalty, en el 2010 se buscó aumentarlo para disminuir los gastos al reconstruir el país producto del terremoto. Durante los tres años que el valor del impuesto fue modificado, las ganancias ascendieron a más de 3 mil millones de pesos, lo que superó la proyección del Gobierno de obtener tan sólo mil millones de pesos por este. A mediados del 2014, se presentó un preinforme a la Presidenta Bachelet con el objetivo de poder realizar modificaciones como: aumentar el gravamen y darle rentas a las regiones donde se explota el mineral.

En relación a las falencias que se han tenido respecto a la distribución del dinero obtenido a partir del Royalty, se han escrito artículos en relación al funcionando de la tributación minera en Chile. En ese sentido Francisco J. Leturia, académico de la Universidad Católica, plantea que lo que debe corregirse es como se están repartiendo los recursos del arbitrio. Si se quieren cumplir los reales objetivos que se tenía inicialmente, debe cambiarse la ley que imposibilita que un impuesto no pueda llegar a ser específico; así como la manera en que se está tributando la industria minera en la actualidad.

Distintos economistas de la Universidad de Chile, esperan que dentro del próximo gobierno o de los próximos años, se realice aumentos considerables en él.Debido a que se están necesitando cada vez más imposiciones desde donde poder obtener fondos para financiar los gastos del país. Al aumentarse este probablemente le sucedería lo mismo que a las Contribuciones, que surgieron como un arancel para ayudar en la reconstrucción del país luego del terremoto de 1960 y que continúan cobrándose hasta hoy.

Por Alejandra Vargas, Estudiante Periodismo Usach

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